El último informe realizado por el Observatorio Estatal de la Discapacidad acerca de la contratación de las personas con discapacidad en España señala que, a lo largo del año 2010, se han realizado 61.128 contratos a personas con discapacidad en nuestro país, lo que supone un incremento de un 18,5%, en comparación con el año 2009.

En INTEGRA CEE nos gusta considerar estas cifras como un motivo de felicitación para todos los que trabajamos intensamente, desde los centros especiales de empleo, asociaciones e instituciones públicas y privadas, en la integración sociolaboral.

Sabemos que esta positiva tendencia es, sin duda, la consecuencia de un trabajo bien hecho, que emana de una fuerte vocación social y un compromiso firme.

En el caso de INTEGRA CEE, podemos decir que, en el pasado año, hemos duplicado nuestra plantilla con respecto a 2009, alcanzando una cifra de 687 trabajadores. Una plantilla compuesta en un 90% por personas con una discapacidad superior al 33%.

Pero, lejos de caer en la autocomplacencia, queremos también interpretar estas cifras como una importante dosis de motivación. Un mensaje de ánimo para seguir adelante en nuestra tarea de romper prejuicios, de crear oportunidades y de superar barreras. Con esta vocación, alimentada por los positivos resultados, hemos afrontado 2011, seguros de que seguiremos cosechando éxitos y trasladando a la sociedad en general y al tejido empresarial, en particular, un mensaje de compromiso.

Sabemos que, mientras haya personas con discapacidades preparadas para trabajar y empresas obligadas a cumplir con la LISMI, tendremos mucho trabajo por hacer. Debemos volcarnos en una labor divulgativa, que tenemos interiorizada como una de nuestras principales misiones.

En 2010, INTEGRA CEE acumuló un absentismo laboral por debajo de la media de empresas ordinarias del sector de servicios. Esta cifra soporta la teoría de IN TEGRA CEE sobre la necesidad de superar los prejuicios que relacionan la discapacidad con el absentismo laboral.

Todas las asociaciones y entidades que trabajamos en este ámbito, debemos asumir la labor de contribuir al mejor conocimiento por parte de las empresas de las capacidades y actitudes reales de las personas con discapacidad, con vistas a una eventual incorporación a su plantilla.

La LI SMI, aprobada en 1982, dispone la obligación para las compañías de más de cincuenta trabajadores de reservar un 2% de sus puestos de trabajo para personas con discapacidad. Posteriores legislaciones han desarrollado Medidas Alternativas. Esta opción ofrece a las empresas a las que les sea imposible aplicar la cuota de contratación de personas con discapacidad, la posibilidad de aplicar medidas sustitutivas reguladas en el Real Decreto 364/2005, entre las que está la compra de bienes y servicios a un Centro Especial de Empleo.

Diferentes vías para cumplir con la ley y un mismo propósito: la creación de una sociedad más justa para todos.